Al parecer las empresas y entidades estatales vinculadas al sistema de distribución eléctrica no pueden abastecer a todas las empresas principalmente a las empresas que están desarrollando proyectos en el interior del país
Primero fue el supuesto caso del proyecto de la sede de playa de una conocida franquicia internacional de hoteles que se desarrolla en Tumbes (el hotel Roy al Decameron en Punta Sal), sobre el cual informó semanas antes este Diario. Desde entonces, el semanario Día_1 ha recibido versiones de otras fuentes del sector energético, que dan cuenta de que similares situaciones se han presentado con al menos un proyecto agroindustrial en Tumbes y en Trujillo.
diez compañías quedaron en manos del Estado (ver recuadro). Su ges-tión se evalúa en función a sus resultados económicos y financieros, aunque en sus decisiones también pesa el aspecto social, según lodeterminen las políticas gubernamentales de turno.
Este último aspecto, comentan en Osinergmin, es frecuentemente el principal en las distribuidoras estatales, dados los objetivos de electrificación nacional del actual gobierno: 94% del territorio nacional hacia el 2011, según indicara afinales de setiembre el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez. De acuerdo con el ente regulador, al cierre del 2009 esa cobertura estaba en 80%.González detalla que las utilidades netas de las 10 distribuidoras bajo su gestión mantienen un alza sostenida. En el 2 007 cerraron con ganancias de S /.107, 8 millones, y en el 2009 ya están en S/.155, 9 millones.
Además el plan de inversiones de las 10 distribuidoras totaliza S/. 568,1 millones para este año.
Además, entre el 2005 y el 2009, estas empresas incrementaron en 131% los montos destinados para su presupuesto de inversiones, afirma González.
Otros funcionario afirman que no pueden suministrar energía en proyectos que no sean concretos pues ya tuvieron malas experiencias
Gonzales explica que sus empresas no pueden reaccionar tan rápido como las empresas privadas pues todas las inversiones de las empresas públicas de derecho privado pasan por un complejo esquema de aprobación, el denominado Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que incluye las opiniones del M misterio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la República.
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